El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros firmó la resolución que pone en marcha el nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento, mediante el cual los gastos ocasionados por intervenciones policiales y operativas ante amenazas de tiroteo en establecimientos educativos serán reclamados a los padres o adultos responsables de los alumnos identificados e imputados judicialmente.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informa que, en el marco de una decisión firme del Gobierno provincial orientada a proteger a la comunidad educativa y resguardar los recursos públicos, comenzará a regir el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos y/o Daños ocasionados al Estado Provincial vinculados a hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares.
A partir de ahora, toda amenaza de tiroteo, intimidación pública o falsa alarma que obligue al despliegue de recursos policiales, brigadas especiales, bomberos, áreas de investigaciones criminales u otras dependencias operativas del Estado, generará —además de las consecuencias penales correspondientes— el recupero económico de los costos ocasionados.
Esto implica que, una vez identificados los responsables por parte de la Justicia, el Estado provincial intimará el pago de los gastos operativos a los padres o adultos responsables de los menores involucrados, conforme al procedimiento administrativo establecido.
Cada operativo moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas, recursos tecnológicos y tiempo operativo que se sustrae de otras funciones esenciales vinculadas a la prevención del delito y la seguridad ciudadana.
No se trata de hechos menores, travesuras ni bromas de mal gusto. Son conductas graves que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en alumnos, docentes y familias, y exigen una respuesta inmediata del Estado.
Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que Córdoba no tolerará acciones irresponsables que pongan en vilo a toda una comunidad educativa ni el uso indebido de recursos que pertenecen a todos los cordobeses.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, pone en marcha un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, señalaron desde la cartera de Seguridad.
El procedimiento prevé la intervención coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, donde se cuantificarán los recursos humanos y materiales afectados en cada caso para avanzar luego con la intimación extrajudicial y, de corresponder, con las acciones judiciales pertinentes.
La Provincia ratifica así una política clara: quien rompe el orden, altera la paz social y compromete recursos públicos debe hacerse responsable de las consecuencias de sus actos.
El Ministerio de Seguridad continuará trabajando junto a la Justicia, las autoridades educativas y las familias para prevenir estas conductas, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos seguros para todos los estudiantes.
