Esta resolución, que se suma a la reciente reducción de la edad mínima para acceder a la tenencia legal de armas (de 21 a 18 años) y a un proyecto de ley con media sanción en el Congreso que busca “regularizar” de manera simplificada armas fuera del sistema legal, constituye un grave retroceso en materia de control estatal y prevención de la violencia.
El concejal Casado sostuvo que “la seguridad no se construye llenando los hogares de armas, sino fortaleciendo el tejido social y el rol del Estado en la resolución de los conflictos”. Y agregó: “digitalizar el acceso a armas sin instancias presenciales de evaluación ni controles efectivos expone a la población a mayores riesgos”.
Desde el Concejo se remarcó que estas medidas desmantelan décadas de políticas públicas orientadas al desarme civil y la prevención de la violencia armada, como el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que supo ser modelo a nivel internacional.
En contraposición, el edil destacó que la gestión del intendente Daniel Passerini en la ciudad de Córdoba promueve una política de seguridad basada en el diálogo, la escucha activa y la presencia territorial del Estado, reafirmando el compromiso con una ciudad inclusiva, pacífica y con enfoque en derechos humanos.
