La presentación la realizó la ONG “RA4Arg” (Republic Action for Argentina) ,presidida por el abogado Argentino Fernando Irazu, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cargo se la Jueza Loretta Preska.
La naturaleza de ese litigio esta centrada como una ejecución comercial, cuando en realidad se están intentando ejecutar los frutos de la maniobra de defraudación, y su posterior lavado, por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina.
La ONG efectuó dos presentaciones en las que se solicitó ex parte (sin que las partes del proceso puedan verlo) que se investigué la comisión de delitos de defraudación, corrupción, estafa procesal y lavado de activos cometidos por una asociación criminal comandada por Cristina Fernández de Kirchner, ex Presidenta de la Nación; Carlos Zannini, ex Secretario Legal y Técnico de Presidencia de la Nación; Axel Kiciloff, ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas y Ex director de “YPF”; Miguel Galuccio, ex presidente de “YPF”; Jorge Marcelo Soloaga, ex director de “YPF”; Cristian Girard y Alejandro Vanoli, ex Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián, Matías y Enrique Eskenazi, accionistas de la firma “Petersen PTY” radicada en Australia, integrantes del Grupo Petersen. Estos últimos, habrían sido los testaferros necesarios para la maniobra de defraudación contra YPF y el posterior lavado de activos de sus dividendos en el Reino de España.
Las presentaciones se basaron principalmente en las denuncias realizadas en Argentina por la Dra. Elisa Carrió ante el Juzgado del cuestionado Juez Ariel Lijo y en el informe de Inteligencia de la Unidad de Información Financiera emitido en 2018 en el marco de esa causa.
En concreto, se habrían llevado en distintas etapas, primero la nacionalización -obligación de vender acciones de REPSOL al grupo Petersen- y luego la estatización, maniobras con apariencia lícita pero que lo que buscaban era desfalcar a YPF y en consecuencia al Estado Nacional, beneficiando así a la Familia Eskenazi (quien adquirió las acciones de YPF sin tener que gastar ni un centavo) y posteriormente a Repsol y al Grupo Budford.
Los fondos obtenidos por Budford (provenientes del quebrado grupo Petersen -Esekenazi-) fueron fruto de maniobras ilícitas de defraudación al estado Argentino y de lavado de activos en el Reino de España.
Por ese motivo, se solicitó que se investigue un fraude al sistema Norteamericano, intentando ejecutar bajo apariencia de una actividad comercial, los dividendos que fueron fruto de la defraudación y su posterior lavado.
La causa local fue iniciada y promovida por denuncias de Carrió (entre otros) y es llevada desde 2006 por Ariel Lijo, quien no ha siquiera citado a indagatoria al directorio de YPF o a los funcionarios.
A raíz de esta presentación, la Juez Loretta Preska, ha solicitado a las partes, entre ellas el Estado Nacional Argentino, que se expidan al respecto. Es decir que, tanto el Estado Argentino como YPF tienen que expedirse antes del 25 de febrero, a favor de la petición para que se revoque el fallo y se investiguen a estas partes.
Esto fue lo solicitado en la orden la Jueza Preska. En caso de que la Procuración del Tesoro de la Nación no se expida en este sentido, la Argentina indefectiblemente quedará afectada a abonar los frutos de delitos sin que estos sean siquiera investigados.
En caso favorable para la Argentina, podría dictarse la nulidad del fallo y el inicio en los Estados Unidos de Norteamérica de un proceso criminal en contra de las personas mencionadas.
