La legisladora Nancy Almada presentó dos pedidos de informe para conocer la situación contractual de los médicos monotributistas en el sistema de salud y los criterios de ingreso, estabilidad y capacitación del personal en toda la administración pública provincial.
La Legislatura de Córdoba analizará dos pedidos de informe impulsados por la legisladora Nancy Almada (Frente Cívico) que buscan esclarecer la situación laboral del personal estatal, con especial atención a los médicos contratados bajo la modalidad de monotributo y a los mecanismos de ingreso, estabilidad y profesionalización dentro del sector público.
El primero de los proyectos (Expte. 44253/R/25) solicita al Ministerio de Salud un relevamiento completo sobre la cantidad, funciones, especialidades y condiciones contractuales de los médicos monotributistas que prestan servicios en el sistema provincial, en particular en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El pedido también indaga sobre las políticas de regularización laboral, los criterios de renovación de contratos y la cobertura de especialidades deficitarias en el interior.
El segundo pedido (Expte. 44254/R/25), dirigido al Ministerio de Gobierno, requiere información sobre la estructura y modalidad del empleo público provincial, incluyendo cantidad de agentes por área, tipo de vínculo, requisitos de ingreso, concursos, programas de formación y políticas de capacitación. Almada busca conocer el nivel de profesionalización del personal, los mecanismos de evaluación de desempeño y las brechas de acceso a la estabilidad laboral.
En los fundamentos, la legisladora advirtió que “la precarización laboral en el Estado atenta contra la calidad de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades entre los trabajadores”. Y agregó: “La transparencia y la meritocracia deben ser pilares del empleo público: cada cargo tiene que estar respaldado por criterios claros, concursos abiertos y formación continua”.
Ambos proyectos, presentados al amparo del artículo 102 de la Constitución Provincial, apuntan a garantizar el control legislativo sobre la gestión de los recursos humanos del Estado y a promover un sistema público más justo, transparente y eficiente, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.
