En el marco de dichas investigaciones, personal de la división Antiterrorista de la dirección general de Investigaciones Criminales realizó distintos allanamientos, que resultaron en el secuestro de un total de 4 (cuatro) teléfonos celulares.
De acuerdo al Código Penal Argentino, estos delitos podrían encuadrarse bajo las figuras de “intimidación pública” (artículo 211 del Código Penal), con penas de dos (2) a seis (6) años de prisión y de “entorpecimiento de servicios públicos” (artículo 194 del Código Penal) según el caso, este último con penas de tres (3) meses a dos (2) años de prisión.
Además, efectuar una amenaza falsa de bomba no solo constituye un delito penal, sino que también genera responsabilidad civil por los daños económicos ocasionados al Estado. Este daño se encuentra alcanzado por el artículo 1109 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), que establece que toda persona que cause un daño a otra, con culpa o dolo, está obligada a repararlo. En estos casos, el Estado (provincial o nacional) es el perjudicado, y el autor de la amenaza (o sus padres si es menor) son responsables de los costos ocasionados.
Por otro lado, de acuerdo a un informe elaborado por el departamento Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba, la movilización de recursos humanos, materiales y logísticos para el despliegue de los operativos en el marco de situaciones de emergencia por amenazas de bombas y otros explosivos, significaron una erogación promedio de $17.567.864 (diecisiete millones quinientos sesenta y siete mil pesos) por operativo.
